Tuesday, May 30, 2006

LA REFORMA DE LA LEY PENAL JUVENIL

Declaración con motivo de la Jornada organizada por el Laboratorio de Sociología Jurídica en la Facultad de derecho de la Universidad de Zaragoza sobre La reforma de la Ley Penal Juvenil

La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores surgió con la finalidad de adaptar el modelo de la Justicia Juvenil española a los derechos de la infancia y de la adolescencia de un modo definitivo y global. Con independencia de ello, es una norma sancionadora que da adecuada respuesta a los delitos cometidos por menores de 18 años, siendo falso que promueva la impunidad de los menores.

La respuesta sancionadora de la Ley se basa, de acuerdo con la Constitución Española y las normas internacionales suscritas por España, en particular la Convención de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, en medidas educativas encaminadas a la prevención, integración y reinserción social de los menores y jóvenes infractores. Debiendo coordinarse en este sentido las funciones de la Administración de Justicia juvenil y las Comunidades Autónomas.

Carecen de fundamento las afirmaciones de que las víctimas queden desamparadas de acuerdo con esta la Ley, ya que el amparo de las víctimas no es incompatible con la valoración del interés del menor y la dimensión educativa y de reinserción social de los menores y jóvenes infractores en este campo. Por otra parte, el legítimo y humanamente comprensible sentimiento de dolor de las víctimas no puede determinar una política penal juvenil basada en principios retributivos y vindicativos. La solidaridad con su dolor deberá conciliarse siempre con los derechos de la infancia y de la adolescencia y los fines propios que orientan la responsabilidad penal de los menores

La reforma en curso de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores supone la quiebra de algunos de los principios básicos que la inspiraron sustituyendo un modelo sancionatorio basado en medidas encaminadas a la prevención, integración y reinserción social de los menores y jóvenes infractores por otro en el que cada vez cobran más fuerza los principios retributivos y vindicativos propios del Derecho penal de adultos. Esta orientación representa un grave paso atrás en el modelo de los derechos del sistema penal juvenil que propugnan la Constitución Española y los Convenios internacionales suscritos por España, así como la vulneración de normas y principios básicos recogidos en estos textos.

Esta reforma no descansa en una evaluación que permita conocer la realidad de la aplicación práctica de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores y su eficacia o ineficacia. Más bien, parece sintonizar con la imagen deformada del ámbito de la Justicia juvenil a la que han podido dar lugar algunos casos concretos de especial gravedad. En este sentido, se hace una llamada a los medios de comunicación para que, que en cumplimiento de la trascendente función social que están llamados a asumir, trasladen a la opinión pública la realidad de la aplicación práctica de la Ley sin deformaciones. De igual manera, se llama a los poderes públicos para que den a conocer el contenido y las posibilidades de intervención que permite la Ley a los padres, educadores, menores y a la sociedad en general, de una forma clara y cabal.

Aunque causan una gran alarma social, los comportamientos especialmente graves –asesinatos, homicidios, violaciones, terrorismo, etc.-- realizados por jóvenes son pocos y, en muchos casos, la alarma generada se deriva de su tratamiento mediático. Justificar en este tipo de casos una reforma de tan amplio alcance como la que se plantea en el Proyecto actualmente en debate supone descentrar notablemente la perspectiva de un modelo de intervención que debiera atender a la generalidad de los supuestos y no a casos excepcionales. Frente a estos sucesos, la respuesta sancionadora y de tratamiento debe tener las particularidades y alcance que requiere la intervención ante hechos como los referidos y, de la misma manera, cuando existan riesgos para las personas se deberán adoptar las medidas cautelares pertinentes. Pero en ningún caso deben utilizarse como excusa para desnaturalizar de una forma generalizada el modelo de los derechos en el ámbito de la Justicia juvenil, consolidado por la LO 5/2000, de responsabilidad penal de los menores.

Por último hay que subrayar, que la sociedad española debe reflexionar sobre la utilidad o no de tratar de solucionar conflictos sociales con el mero recurso al Derecho penal. Una reflexión que es absolutamente pertinente para abordar las situaciones de conflicto de los menores con la sociedad, que sólo podrá solucionarse eficazmente transmitiendo a la juventud valores adecuados, potenciando la educación como elemento fundamental en que cimentar su futuro y llevando a cabo políticas sociales y de igualdad.

Zaragoza, 30 de mayo de 2006

NOTA: Este manifiesto ha tenido en cuenta y coincide sustancialmente con el aprobado en las JORNADAS DE ANÁLISIS DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, celebradas en el Consejo General del Poder Judicial, los días 18, 19 y 20 de mayo de 2005.

1 Comments:

Blogger LSJ said...

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN PENAL JUVENIL
Denuncian que la nueva Ley del Menor "se basa en la venganza"
Un vocal del CGPJ afirma que potencia la cárcel en detrimento de la reinserción. La modificación pretende adelantar el ingreso en la cárcel y acrecentar la condena.
F. VALERO (31/05/2006)

Félix Pantoja, ayer, en la Facultad de Derecho.
Foto:ROGELIO ALLEPUZ
La reforma de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores que prepara el Gobierno y que actualmente está en fase de ponencia en el Congreso de los Diputados "se basa en la venganza y acentúa el carácter represivo y punitivo de la normativa existente", según denunció ayer en Zaragoza Félix Pantoja García, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Esta reforma acerca la jurisdicción del menor a la ley penal de los mayores, lo que en mi opinión constituye un error, ya que se abandona la reintegración y la reeducación en beneficio del internamiento en la cárcel", afirmó Pantoja, que participa en Zaragoza en unas jornadas sobre la reforma legislativa organizadas por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
"El deseo del Ejecutivo es dar respuesta a los problemas de la juventud, pero yo no comparto este criterio, pues la norma existente, contra lo que se dice, no es blanda, ya que castiga a los menores entre 14 y 18 años de una forma dura, con internamientos en centros cerrados de hasta ocho años, más cinco años de libertad vigilada", explicó el vocal del CGPJ, que ha ejercido en Madrid durante ocho años como fiscal de Menores.
La ley que se pretende reformar, y que ya fue modificada por el Partido Popular en los años 2000 y 2003, un joven de 17 años puede estar vigilado por el Estado hasta que cumple los 30. Su principal ventaja, a ojos de Pantoja, es que brinda al joven que ha delinquido "una segunda oportunidad, ya que el chico es internado en centros cerrados donde un equipo de profesionales trabaja para conseguir su reeducación".
De aprobarse el texto legal defendido por el Gobierno, el menor estará más años en un centro de internamiento. Además, a partir de los 18 años, de forma excepcional, y de los 21, ordinariamente, cumplirá los internamientos en la cárcel. Sin embargo, la ley vigente no contempla el paso a los centros penitenciarios para adultos hasta los 23 años. Además, ahora el tope de internamiento es de ocho años, diez años en casos excepcionales. Y la reforma lo que pretende es generalizar la condena de diez años.
CENTRO DE MENORES "Si eres el padre de la víctima, quieres que la ley se endurezca. Pero si eres el padre del joven que ha cometido el delito quieres que le den una segunda oportunidad, que se le castigue pero con la posibilidad de que pueda salir adelante", insistió Pantoja, que aseguró que la nueva Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores podría entrar en vigor a finales del presente año si supera la tramitación parlamentaria.
El vocal del CGPJ manifestó que la reforma carece de sentido, "dado que la delincuencia de menores no ha aumentado significativamente desde que se aprobó la ley que se pretende modificar" y criticó el hecho de que el Gobierno lance a la sociedad el mensaje "equivocado" de que "las cosas se pueden solucionar aumentando las penas". Pero el Derecho Penal, subrayó, "no resuelve los problemas. Aparta de la sociedad al delincuente, pero el problema sigue existiendo".
"Es un error adelantar a los 21 años la edad en la que un joven ingresa en prisión", afirmó, por su parte, Carlos Sancho, fiscal de Menores de Zaragoza, quien interviene en las jornadas junto con otros especialistas en la materia, como las abogadas Teresa Picontó y Carmina Mayor, Manolo Benedí y Francisco Aguelo, director del Centro de Reforma San Jorge de la capital aragonesa. Todos suscribieron un Manifiesto en el que criticaban el "endurecimiento" de la ley del menor.


http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.asp?pkid=253135

3:59 AM  

Post a Comment

<< Home